Resumen
En diciembre de 2013, la junta directiva de la Asociación Médica
Canadiense (CMA, por sus siglas en inglés) decidió animar el debate y la
legislación relativos a la eutanasia y el suicidio asistido y revisar la
política de la CMA que se opone a la participación de los profesionales
médicos en estos procedimientos. Antes del verano de 2014, estaba claro que
la inmensa mayoría de médicos apoyaba la política actual. Sin embargo, la
junta decidió que la política debía modificarse antes de que el Tribunal
Supremo de Canadá emitiera un fallo en el caso Carter v. Canadá.
La resolución de la junta resultó aparentemente neutral, y afirmó su
apoyo al derecho de los médicos a actuar de acuerdo con su conciencia a la
hora de decidir si administrar la eutanasia o el suicidio asistido en el
caso de que la ley se modificase. La resolución se aprobó por abrumadora
mayoría. Por aquel entonces no se reparó en el hecho de que la resolución no
establecía ningún tipo de requisito, como la capacidad de tomar decisiones o
en caso de enfermedad terminal.
La intervención de la CMA en el Tribunal Supremo de Canadá durante el
caso Carter hizo incapié en que la política de la CMA relativa a la
eutanasia y el suicidio asistido debía modificarse con el fin de reflejar
esta resolución. La idea era que la asociación apoyaría a los médicos que
decidieran participar en los procedimientos de eutanasia y suicidio
asistido, sin importar las leyes ni las normativas dictadas por los
tribunales o el parlamento en relación con estos.
La junta directiva modificó la política de la CMA unos dos meses antes
del fallo del Tribunal. Se aprobaron formalmente el suicidio asistido y la
eutanasia de carácter médico, sujetos únicamente a límites legales. La
política incluía a menores, discapacitados y enfermos mentales, y no se
limitaba a la eutanasia ni al suicidio asistido de enfermos terminales o
personas con dolor crónico. En ella se clasificaban ambos casos como
"cuidados terminales" y se apoyaba la legalización del acceso de los
pacientes a estos procedimientos. El apoyo a los médicos que se negasen a
participar en la eutanasia o el suicidio asistido se matizó con la
afirmación de que los procedimientos debían aplicarse "sin demora indebida".
Esto implicaba un nuevo paradigma ético: en determinadas circunstancias, los
médicos tienen la obligación profesional de matar a los pacientes o
ayudarlos a suicidarse.
La nueva política extendió un cheque en blanco al Tribunal Supremo de
Canadá para la legalización de la eutanasia y el suicidio médico asistido en
las condiciones que dictasen los jueces. Después de que el Tribunal Supremo
modificase la ley, los representantes de la CMA expresaron su preocupación
sobre los criterios establecidos por el Tribunal. Resultaba evidente que el
Tribunal Supremo era el culpable de la ansiedad y el profundo malestar entre
los médicos canadienses, puesto que se les había impuesto la obligación de
matar, en oposición a siglos de ética y prácticas médicas.
No obstante, las preocupaciones expresadas por los representantes de la
CMA tras la sentencia del caso Carter surgieron a partir de la intervención
de la propia CMA en el caso, y en aquel momento no se plantearon estas
preocupaciones. De hecho, el Tribunal Supremo otorgó carácter de ley a una
política que ya había adoptado la CMA, y los criterios que el Tribunal
estableció para estos procedimientos eran, en realidad, más restrictivos que
cualquier propuesta de la CMA. No se puede culpar al Tribunal Supremo por el
hecho de que los líderes de la CMA no estuvieran preparados para hacer
frente a las consecuencias de una legislación completamente coherente con su
propia política.
Las consecuencias han sido más graves entre los médicos que, por motivos
de conciencia, se negaron a administrar la eutanasia o el suicidio asistido,
o a colaborar en la administración de estos servicios mediante la derivación
o por otros medios. Desde el caso Carter, se ha producido mucha polémica en
Canadá acerca de si los médicos y las instituciones deberían poder negarse a
administrar o facilitar estos servicios, o bajo qué circunstancias deberían
poder hacerlo. Si bien en general se reconoce que los médicos no deberían
tener la obligación de administrar estos servicios personalmente, un sector
importante exige que se fuerce los médicos que no deseen matar a sus
pacientes, ni ayudarles a suicidarse, a derivar a los pacientes a otras
personas que sí lo hagan.
Esta revisión demuestra que el foco de atención de la junta directiva de
la CMA en 2014 era el papel de los profesionales médicos en la
administración de la eutasasia y el suicidio asistido tras la modificación
de la ley. La junta era consciente de que la inmensa mayoría de los médicos
en Canadá se negarían a participar en los procedimientos de eutanasia o
suicidio asistido. Los representantes de la CMA ya habían previsto el
conflicto fundamental que suponía imponer a los profesionales médicos la
obligación de matar a los pacientes. Los ataques a la libertad de conciencia
del médico eran previsibles, especialmente en lo relativo a la derivación.
Sin embargo, la junta no tuvo en cuenta la libertad de conciencia del
médico en relación con el suicidio asistido y la eutanasia, excepto en la
medida para alcanzar los objetivos de la política. Como consecuencia,
después de la sentencia del caso Carter, los representantes de la CMA no
estaban preparados en absoluto para montar una defensa convincente,
persuasiva y coherente de la libertad de conciencia del médico,
especialmente en lo relativo a la derivación. Se percataron de que las
autoridades nacionales y la población eran poco receptivos e incluso
hostiles ante los médicos que se negaban a preparar al paciente para la
muerte asistida. En una situación de amplia desventaja en la negociación de
sus propias decisiones, estaban desesperados por encontrar una política
"admitida en la legislación" y continuaban oponiéndose a los médicos cuyas
libertades fundamentales habían puesto en peligro.
La CMA ha generado una amplia defensa de la libertad de conciencia del
médico en lo relativo a la derivación de la eutanasia y el suicidio
asistido, y se han incluido una serie de disposiciones de protección de la
conciencia en una política revisada de la CMA. No obstante, antes de
aparecer estas declaraciones, los médicos reticentes estaban a la defensiva
en un ambiente peligroso e incluso hostil, obligados a lanzar un costoso
desafío constitucional para defender las libertades fundamentales de
conciencia y religión. El resultado de este caso determinará si están
autorizados a continuar en la práctica de la medicina, en el caso de negase
a colaborar y matar a los pacientes.
La Asociación Médica Mundial (AMM) y las asociaciones médicas nacionales
son libres de decidir si modifican sus políticas sobre la participación
médica en la eutanasia o el suicidio asistido. Esta revisión demuestra que
no deben seguir el ejemplo de la Asociación Médica Canadiense (Canadian
Medical Association) si desean salvaguardar las libertades fundamentales de
los médicos y los profesionales sanitarios.
Texto completo en inglés, disponible
solo